Desde la Asociación Familias por la Educación Integral en el Paraguay (FEIPAR), expresamos nuestro profundo dolor ante el feminicidio de María Fernanda, estudiante de 17 años de Coronel Oviedo.
Nos solidarizamos con su familia, con su comunidad educativa y con todo el país, profundamente conmovido por este crimen atroz. Acompañamos desde el corazón el dolor de quienes hoy enfrentan una pérdida irreparable.
Frente a este hecho, instamos al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) y al Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) a desplegar con urgencia dispositivos de contención emocional y acompañamiento psicológico, con presencia sostenida en el tiempo, dirigidos a estudiantes, docentes, familias y toda la comunidad afectada.
Este caso, como tantos otros, nos interpela a avanzar con decisión en una respuesta estructural, sostenida y basada en derechos. Es imperioso fortalecer las políticas públicas, en particular las educativas, con énfasis en la prevención de las violencias de género y la construcción de vínculos respetuosos, libres de discriminación y desiguales relaciones de poder.
En ese sentido, proponemos:
- Reforzar con personal sensible y capacitado, y con presupuesto suficiente, los programas de salud mental y de convivencia escolar que existan.
- Asegurar que los recursos destinados a estas áreas no sean desviados con fines clientelares ni utilizados para designaciones sin idoneidad técnica.
- Incorporar de manera sistemática en el currículo escolar la educación integral en sexualidad, con enfoque de derechos humanos, igualdad de género y prevención de violencias.
Exigimos además la intervención urgente de la Justicia, para que los responsables materiales e ideológicos de este crimen sean identificados y condenados con todo el peso de la ley.
Nos preocupa especialmente la reciente declaración del Ministro del Interior en las que sugiere bajar la edad de imputabilidad y endurecer penas para menores de 18 años. Rechazamos firmemente estas propuestas de corte punitivista, que no enfrentan las causas estructurales de la violencia, y que desvían la atención sobre la inacción del Estado en garantizar derechos fundamentales.
Finalmente, recordamos a los medios de comunicación su rol pedagógico y de responsabilidad social. Las coberturas de hechos que involucran a niñas, niños y adolescentes deben realizarse con especial cuidado, respeto y apego a las normativas vigentes.
La familia de Fernanda, su comunidad educativa y su entorno más cercano no deben enfrentar solos esta tragedia. La respuesta del Estado debe estar a la altura de la urgencia y la gravedad de su asesinato, y de la dignidad con la que Fernanda y el hijo que esperaba merecían vivir.